“No hay que confundir ‘vivir en’, con ‘vivir para’ el capitalismo.” — Bolívar Echeverría¹⁾

Vivimos tiempos difíciles. La tragedia de la guerra, los incendios, las inundaciones y la violencia del crimen organizado saturan los medios de comunicación y parecen imponerse como única realidad. Sin embargo, en medio de estos escenarios desesperanzadores también brotan señales de resistencia y de vida: pueblos que defienden sus territorios, comunidades que cuidan el agua y los bosques, juventudes que alzan la voz por el clima, mujeres que sostienen la esperanza en medio del dolor. Allí donde todo parece derrumbarse, emergen utopías concretas que nos recuerdan que aún es posible elegir la vida y reconstruir el futuro.

Durante más de una década, Yasuní se ha convertido en un lugar en donde se vive una utopía en muchos sentidos. Fue semilla de narrativas transformadoras, agendas inclusivas y activismos diversos que impulsaron una consigna radical: dejar el petróleo crudo bajo tierra. Aquella idea, antes considerada impensable en un país cuya identidad ha estado ligada al petróleo, terminó cristalizando en una victoria histórica: un referéndum nacional en el que la ciudadanía eligió proteger la selva frente a la “riqueza” de la explotación.

El 20 de agosto de 2023, la campaña por la defensa del Yasuní llegó a las urnas. La consulta popular permitió a la sociedad ecuatoriana contraponer, de manera directa, la riqueza de la naturaleza frente a la riqueza económica. El voto por detener la explotación petrolera en un campo amazónico fue como un relámpago que iluminó el horizonte: mostró que otra narrativa es posible y abrió una grieta en el guión aparentemente inquebrantable del extractivismo.

En Ecuador conocemos bien los impactos de la actividad petrolera, especialmente por las operaciones de Chevron-Texaco en el norte de la Amazonía. A lo largo de las décadas ha habido múltiples resistencias locales, aunque no siempre con resultados victoriosos. En el caso del Yasuní, específicamente en el bloque 43 conocido como ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), donde se encuentran las reservas petroleras más importantes del país, surgió una propuesta distinta: lanzar una campaña nacional e internacional que conectara a la ciudadanía —en su mayoría urbana y distante de la Amazonía— con un territorio poco conocido, invitando a firmar para exigir una consulta popular.

Llegar a esa consulta fue un camino largo, que tomó más de diez años. Pasó por la recolección de firmas, un fraude electoral que las descalificó y la posterior demostración de ese fraude. Fue necesario que varias instituciones lo corroboraran —la Defensoría del Pueblo,²⁾) la Corte Constitucional ³⁾ y el propio Tribunal electoral⁴⁾ — para que el proceso avanzara. Sin embargo, la victoria en las urnas no resolvió automáticamente el problema: el Yasuní continúa siendo un campo de disputa.

El 20 de agosto de 2025 se celebró el segundo aniversario de la consulta popular. Había razones para festejar: más de cinco millones de ecuatorianos dijeron “sí” y se frenó la expansión de la frontera petrolera en Ishpingo. Pero también sobraban motivos para protestar: el gobierno declaró haber cerrado apenas diez pozos, cuando ya deberían estar clausurados 247, y solicitó más tiempo para cumplir con el mandato popular. Incluso constituyó un Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP), que en la práctica no existe. Por eso la conmemoración fue una “fiesta de protesta”: una mezcla de plantón y concierto, celebración y reclamo.

En 2014, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anuló en dos semanas algo más de 400,000 firmas firmas de la petición de consulta popular propuesta por el colectivo Yasunidos que buscaba dejar bajo tierra el petróleo del bloque ITT en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana.

El resultado de la consulta fue contundente: no solo debía detenerse la actividad petrolera en el bloque Yasuní-ITT, sino también desmontar la infraestructura ya instalada —fierros, tuberías, alambres, material pétreo, campamentos y carreteras— y avanzar hacia la reparación de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas.

El Yasuní-ITT es un campo de gran escala. En 2019 alcanzó una producción de 80.000 barriles diarios de crudo, con la meta de llegar a 100.000. En este bloque se perforaron 247 pozos de extracción de crudo pesado y se planificaron ocho plataformas adicionales, con decenas de nuevos pozos, que finalmente no llegaron a construirse.

Hoy existen razones sólidas para declarar el incumplimiento del mandato popular. Sin embargo, se ha abierto también una nueva ruta para exigir su cumplimiento, con nuevos elementos y obligaciones. En el caso Pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado que, en el plazo de un año, adoptara “todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, para que efectivamente se implemente esta decisión y se prohíba la explotación petrolera en el Bloque 43. (…) Además, el Estado deberá velar por la participación efectiva de la población afectada, en particular de los pueblos indígenas, en todo el proceso de implementación del resultado de esta consulta” (párr. 504).

La sentencia reconoce que en el entramado ecológico de la Amazonía habitan pueblos cuya existencia depende material y existencialmente del bosque. No solo se trata de pueblos que habitan la selva: ellos son parte de la selva, pueblos ecosistémicos cuya vida está entrelazada con los ciclos vitales, los ritmos y silencios, la abundancia y los límites del bosque. A través de prácticas ancestrales —como la dispersión de semillas, la rotación de áreas de caza o la selección de especies— han moldeado y enriquecido los ecosistemas que los sostienen.

En 2025, además, la CoIDH emitió la Opinión Consultiva OC-32/25, en la que declaró la emergencia climática, reconoció los derechos de la naturaleza y destacó la importancia del saber comunitario como parte esencial del mejor conocimiento disponible para enfrentar la crisis climática. La Corte subrayó que, junto al conocimiento científico, coexisten formas de conocimiento locales, tradicionales e indígenas que constituyen la base de sistemas propios de toma de decisiones (párr. 476). Asimismo, estableció que el Estado no solo tiene la obligación de consultar, sino también el deber de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, conforme a sus costumbres y tradiciones (párr. 608). El consentimiento, en estos casos, actúa como una garantía fundamental para sostener la vida frente a la emergencia climática. Y esta emergencia ya no es abstracta: este año ha sido dramático en todo el mundo y también en Ecuador, donde se registraron cientos de eventos críticos —los mal llamados “desastres naturales”— que dejaron casas destruidas, cultivos perdidos, comunidades aisladas, enfermedades, lluvias extremas y sequías intensas, a lo que se sumaron múltiples derrames por roturas de oleoductos. ⁵⁾

El Yasuní se ha convertido en un lugar y un momento emblemático donde confluyen las múltiples crisis de nuestro tiempo: climática, ecológica, económica y política. Es un nudo histórico que concentra las contradicciones globales entre extractivismo y sustentabilidad, entre la expansión del capital y la defensa de la vida.

La consulta popular de 2023, en la que la sociedad ecuatoriana votó por mantener el crudo bajo tierra, mostró cómo una utopía —proteger la selva frente al capital— puede adquirir forma política e institucional. Para muchas juventudes, el Yasuní se transformó en un laboratorio de utopías concretas, un horizonte de inspiración que demostró que lo imposible también puede convertirse en realidad. En esta nueva etapa, los debates se centran en el desmantelamiento del campo petrolero. Y no se trata solo de cerrar pozos: implica la reparación de territorios heridos, la reparación histórica a los pueblos sometidos a un violento proceso de dependencia y la reconversión de economías adictas al petróleo. Este debate es indispensable para todas las zonas ya sacrificadas por el extractivismo, marcadas por infraestructura abandonada, contaminación tóxica, enfermedades y pobreza. Son verdaderas heterotopías del sacrificio. Foucault las describe como espacios “otros” donde se condensan las tensiones de la sociedad. De haber sido el lugar de la utopía, el Yasuní es hoy también el lugar de la heterotopía: un territorio que refleja de manera cruda la complejidad y las aristas múltiples de nuestra época.

La narrativa del Yasuní es, además, circular. La extracción debía detenerse, entre otras razones, por su vínculo directo con la crisis climática —un punto ya incuestionable—. Para explotar ese petróleo pesado se necesitaba energía, y para ello se construyó, como un secreto a voces, la mega represa Coca Codo Sinclair, que terminó siendo el peor desastre ambiental del país al desatar la erosión regresiva del río Coca. Esa erosión ha destruido carreteras y tuberías construidas en paralelo, obligando en repetidas ocasiones a suspender el bombeo y reduciendo la extracción misma de crudo. Un círculo perverso de causa y efecto que desnuda las contradicciones del capitalismo.

A esto se suman otros impactos: estos proyectos acumulan las mayores evidencias de corrupción, y se ubican en la zona con mayor biodiversidad del país y, a la vez, con los peores indicadores de pobreza. El Yasuní es, en ese sentido, un espejo del capitalismo: riqueza y devastación, abundancia y despojo, convivientes en un mismo territorio. Aún así, el Yasuní es también espejo de las luchas sociales. Ha logrado convocar no solo a los movimientos sociales sino a la sociedad entera, convirtiéndose en una de las causas que más factura han pasado a los gobiernos de turno. De allí que, incluso bajo un gobierno de extrema derecha, el Yasuní siga siendo un tema ineludible en la agenda política.